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Congresistas dicen no es necesario se despoje de inmunidad parlamentaria a Sergio Moya

Congresistas dicen no es necesario se despoje de inmunidad parlamentaria a Sergio Moya

Congresistas dicen no es necesario se despoje de inmunidad parlamentaria a Sergio Moya

SANTO DOMINGO.- Diputados de distintos partidos consideraron que no es necesario despojar de la inmunidad parlamentaria al diputado Sergio Moya, señalado por el Ministerio Público como el brazo ejecutor para extorsionar bancas de apuestas y deportivas.

Los legisladores dijeron entender que el hecho de que se haya designado un juez especial para llevar a cabo la investigación no implica que Moya, mejor conocido como Gory, deba ser despojo de la inmunidad parlamentaria.

El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Cedeño, calificó los señalamientos del ministerio público contra Moya como una «simple acusación».

«No es necesario despojarlo de su inmunidad parlamentaria porque no se puedes sacar un miembro del congreso por una simple acusación», sostuvo.

De su lado, Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), confía se haga una investigación real y se respete el debido proceso.

Castro Silverio, dijo que la designación del juez Napoleón Estévez Lavandier se puede hablar de quitarle la inmunidad puesto que no significa que Gory vaya hacer declarado culpable.

Agregó también, que hasta ahora sobre el diputado solo pesan acusaciones y que hay que esperar a que concluya la investigación que es no se demostrará su culpabilidad o inocencia.

En ese sentido, el congresista Rafael Castillo, del partido Fuerza del Pueblo (FP), acusó al Ministerio Público de dañar la imagen a legisladores con acusaciones infundadas.

Castillo señaló que el caso Calamar podría terminar igual que otros casos que han vinculado a congresistas y no vuelven hacer llamados por el órgano judicial.

Se recuerda que el juez Napoleón Estévez Lavandier, fue el mismo que estaba apoderado del caso del también diputado Sadoky Duarte, quien fue declarado culpable por ultraje y violencia a la autoridad pública.

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