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Genera preocupación la disminución de recursos a Procuraduría en presupuesto 2022

La reducción de la asignación presupuestaria para la Procuraduría General de la República (PGR) proyectada para el próximo año, ha generado preocupación por parte de varias organizaciones de la sociedad civil y juristas que entienden que esto podría limitar las acciones que lleva la institución para enfrentar la corrupción y el crimen organizado.

En el actual proyecto de ley de presupuesto enviado al Congreso Nacional se ha reducido la partida para el Ministerio Público en un total de 512.9 millones de pesos frente a lo consignado en el año que le precede.

A consideración de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), si se aprobara esa propuesta, no solo se reiteraría una violación de la Ley No. 194-04 (autonomía presupuestaria y administrativa del Ministerio Público), sino que también se estaría afectando negativamente a esta institución de cara a los desafíos acumulados.

“Desde Finjus confiamos en que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo optarán por consignar al Ministerio Público la partida que corresponda conforme lo establecido en la ley, de acuerdo con los importantes retos que dicha institución enfrenta en los últimos años para poder contrarrestar el flagelo del crimen organizado, y la corrupción”, exhortó Servio Tulio Castaños, presidente ejecutivo de Finjus en un comunicado.

En ese orden de ideas también se manifestó el movimiento Participación Ciudadana, en la persona de Leidy Blanco, quien opinó que la sociedad dominicana tiene ansias de justicia, de una persecución del crimen organizado, de la delincuencia y la corrupción, las cuales no puede verse en riesgo por falta de recursos.

“El Ejecutivo ha mostrado una voluntad de un Ministerio Público independiente que no puede quedarse en el discurso… La lucha contra la corrupción debe estar acompañada de una dotación de recursos, no de una reducción, porque podría limitar el accionar del Ministerio Público”, consideró la coordinadora general de Participación Ciudadana.

Los juristas

En tanto que el jurista Carlos Salcedo entiende que esta actuación del Poder Ejecutivo es una “incoherencia forzada” debido a la cantidad de compromisos asumidos por el presidente de la República.

“Disminuirle el presupuesto en estos momentos es una incoherencia forzada, obligada, producto del deterioro que tienen los ingresos fiscales en la República Dominicana y de los grandes compromisos que hay con sectores importantes de la población como la educación, la salud, la infraestructura, alimentación… Por lo tanto, si bien es cierto que tiene una explicación la reducción del presupuesto, no se justifica”, opinó Salcedo.

Mientras que para el abogado Francisco Álvarez la acción del Poder Ejecutivo manda una señal confusa, pues entiende que la verdadera voluntad política debe verse reflejada en los recursos que se le asignen no solo al Ministerio Público, sino a otras instituciones como la Cámara de Cuentas, a la JCE, al Tribunal Superior Electoral y a la Contraloría General de la República.

“Es una señal confusa de un gobierno que ha enarbolado la independencia de Ministerio Público como uno de sus principales logros. Todos estamos viendo la intensa actividad que desarrolla el Ministerio Público, y tal actividad no es posible de sostener sin recursos”, dijo Álvarez.

Se recuerda que ya para el año pasado la procuradora general de la República, Miriam Germán, se había quejado del presupuesto asignado al Ministerio Público.

Y justificó que en esa institución hay muchas personas que ponen en riesgo, no solo su seguridad en el desarrollo de su labor, sino que en muchos casos también ponen en juego sus propias vidas.

Actualmente la institución lleva investigaciones importantes como Operación Falcón, Pulpo, Medusa y Coral, por mencionar algunos casos.

Asignación y lo que dice la ley

El presupuesto 2022 plantea una reducción de RD$512.9 millones para la PGR con respecto al 2021. Así, la institución encargada de la persecución del crimen pasaría de una asignación de 8,912.2 millones de pesos en 2021, a 8,399.3 millones en el 2022. El propio proyecto redactado por el Gobierno establece que, de aplicarse la partida que manda la Ley 194-04, la PGR recibiría RD$11,219.9 millones.

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