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SANTO DOMINGO.- El Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco) consideró que el debate sobre la apertura comercial del arroz debe trascender la discusión arancelaria y situarse en el terreno de la seguridad alimentaria, la protección de los consumidores y la capacidad del país para garantizar el abastecimiento de la población ante eventuales crisis internacionales.
“Somos una isla cuya alimentación depende, en buena medida, del transporte marítimo y aéreo para la llegada de productos importados. Imaginemos que ocurriría si un conflicto internacional, una emergencia sanitaria o un fenómeno natural interrumpiera temporalmente esas rutas. No estamos preparados para garantizar la alimentación de la población si los barcos y aviones dejaran de llegar”, señala una nota informativa.
Indicó que, no es exagerada la imaginación, pues son parte de la planificación estratégica que necesita un país consciente de su vulnerabilidad geográfica.
Según el Ministerio de Agricultura, el país ha demostrado una gran capacidad para producir arroz. En 2024 la cosecha nacional superó los 14 millones de quintales, mientras que en 2025 la producción se aproximó a los 14.8 millones. Esta trayectoria constituye un logro que deberían valorar, fortalecer y preservar.
Agrega que, la experiencia de las crisis internacionales de cereales de 2008 y 2011 también debe servir de referencia. El desarrollo de la producción arrocera contribuyó a reducir la dependencia del exterior y recordamos que no afectó al país. “La seguridad alimentaria no puede depender exclusivamente de que el comercio internacional funcione sin interrupciones”.
“Onpeco entiende que la situación actual era previsible. El calendario de desgravación arancelaria del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) establecía que el arroz alcanzaría el arancel cero en 2025. No se trataba, por tanto, de una fecha desconocida, sino de un compromiso cuyo vencimiento debía impulsar, con suficiente antelación, la preparación de políticas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la producción nacional”, añadió.
En diciembre de 2024, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 693-24, que estableció medidas arancelarias para regular las importaciones de arroz. Sin embargo, en septiembre de 2026, mediante el Decreto 635-26, derogó esa disposición. Este cambio reciente vuelve urgente una explicación pública sobre las medidas que se adoptarán para preservar la capacidad productiva del país y evitar que los costos de la transición recaigan sobre los productores y consumidores.
El observatorio aseguró que reconoce que los acuerdos internacionales deben cumplirse con responsabilidad. Sin embargo, cumplir compromisos comerciales y defender la seguridad alimentaria nacional son objetivos que requieren una política pública coherente, previsora y transparente. “El Estado debe explicar cómo garantizará que la apertura comercial no debilite una actividad agrícola fundamental para la economía y la alimentación dominicanas”.
Asimismo, llama a fortalecer no solo la producción de arroz, sino también la de otros alimentos que se puedan cultivar en el territorio.
Sostiene que, esto implica facilitar financiamiento, mejorar el acceso a tecnología, fortalecer los sistemas de riego, promover seguros agropecuarios, apoyar a los pequeños y medianos productores y desarrollar mecanismos adecuados de almacenamiento y reserva.
“También es necesario escuchar al consumidor. Los dominicanos estamos acostumbrados al arroz producido en nuestro país: conocemos su textura, su cocción y sus características. Las preferencias alimentarias forman parte de nuestros hábitos cotidianos y merecen ser consideradas en las decisiones comerciales”, aseveró.
Señala que se trata de afirmar que todo arroz importado sea inferior, sino de reconocer que el consumidor tiene derecho a recibir información clara sobre el origen, la calidad y las características de lo que compra, y a que sus preferencias sean tomadas en cuenta. La competencia comercial debe ofrecer opciones, sin desatender el valor de la producción nacional ni los hábitos alimentarios de la población.
Onpeco exhortó a las autoridades a convocar un diálogo transparente con productores, comerciantes, especialistas y organizaciones de consumidores, a fin de establecer medidas concretas para fortalecer la producción arrocera y diversificar la oferta alimentaria nacional.
“Proteger la producción nacional no es cerrar las puertas al comercio: es evitar que nuestra alimentación quede expuesta a decisiones y acontecimientos que no controlamos. La seguridad alimentaria debe ser una política de Estado, no una respuesta improvisada ante cada crisis. El arroz dominicano es parte de nuestra mesa, de nuestra economía y de nuestra capacidad para afrontar el futuro con mayor autonomía”, concluyó.