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SANTO DOMINGO.– Fuentes consultadas para este reportaje cuestionan los controles sobre las municiones vinculadas a República Dominicana encontradas en Haití y plantean la necesidad de establecer hasta dónde alcanza la responsabilidad del ministro de Defensa en la supervisión del material militar.
Según las fuentes, las operaciones regulares con armas y municiones militares requieren autorización del titular de Defensa. Esta afirmación plantea una pregunta central: ¿qué responsabilidad tiene el ministro, como máxima autoridad del ministerio, sobre los mecanismos de custodia y control que debían impedir un posible desvío?
El señalamiento requiere precisar qué autorizaciones correspondían al material identificado y quiénes intervenían en cada procedimiento. Por sí solo, no demuestra que el ministro autorizara una transferencia ilegal ni que tuviera conocimiento de ella.
Las aclaraciones de Defensa
En un comunicado del 8 de octubre de 2026, difundido en el portal de la Presidencia, el Ministerio de Defensa informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar la procedencia de las municiones y establecer posibles responsabilidades.
Respecto a las municiones calibre .50 de antigua fabricación, la institución reconoció que todavía no ha podido determinar las circunstancias específicas en que llegaron a Haití. Atribuyó las dificultades para reconstruir su recorrido al tiempo transcurrido y a los procesos históricos, administrativos e institucionales del país.
En ese mismo comunicado, Defensa sostuvo que la coincidencia de calibres, marcas o características con material adquirido legalmente por República Dominicana no demuestra, por sí sola, que existiera una transferencia autorizada por las instituciones militares. También indicó que ha suministrado al Grupo de Expertos de Naciones Unidas información sobre adquisición, distribución y control de municiones, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La cadena de responsabilidad
Las fuentes consultadas ponen el foco en los registros que deberían permitir reconstruir los movimientos del material: quién lo recibió, dónde permaneció almacenado, quién autorizó su salida y qué mecanismos verificaban las existencias.
¿Quién tenía bajo su custodia las municiones identificadas? ¿Existen documentos que permitan rastrear su recorrido? ¿Qué controles debían detectar una salida irregular y hasta dónde alcanza la responsabilidad de supervisión del ministro de Defensa?
Estas interrogantes deben resolverse con documentos y resultados de la investigación, distinguiendo entre posibles fallas administrativas, omisiones de supervisión y participación directa en actividades ilícitas.
¿Con qué objetivo se abastecen las bandas?
El caso también plantea preguntas sobre el destino del material: ¿para qué se abastecen de estas municiones las bandas criminales haitianas? ¿Buscan ampliar su control territorial, enfrentar a las fuerzas de seguridad o reforzar su capacidad para intimidar a la población?
Esas posibilidades requieren investigación. Esclarecer quiénes reciben las municiones, quiénes financian su adquisición y qué redes facilitan su suministro resulta esencial para conocer el alcance del tráfico.
El desafío para las autoridades es reconstruir el recorrido del material y determinar en qué punto se perdió el control, quién debía ejercerlo y qué responsabilidades corresponden por cada actuación u omisión.