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PEDRO BRAND.– Comunitarios de Pedro Brand solicitaron al Gobierno intervenir ante el conflicto generado en La Cuaba por la construcción de una planta recicladora y de manejo de residuos sólidos, luego de nuevos incidentes registrados en los alrededores del proyecto.
El llamado fue realizado por Alex Reyes y Yeison Melo, quienes pidieron a las autoridades garantizar el orden y la seguridad en la zona mientras persisten las diferencias entre sectores comunitarios y los responsables del proyecto.
El reclamo se produce después de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazara una medida cautelar presentada por organizaciones de La Cuaba que buscaban suspender los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente para la construcción de la planta.
Según la decisión del tribunal, no se configuró suficientemente el requisito de apariencia de buen derecho para conceder la medida. Además, estableció que la licencia ambiental fue emitida por el órgano con competencia legal y que el manejo y valorización de residuos sólidos es una actividad de interés público sometida a regulación ambiental.
Las organizaciones que se oponen al proyecto han planteado cuestionamientos relacionados con estudios, cumplimiento de condiciones y posibles afectaciones a recursos hidráulicos y al entorno de la comunidad.
Reyes manifestó preocupación por los incidentes registrados en la zona y denunció que durante la noche del martes fueron incendiados neumáticos en las proximidades de una estación de combustible.
“Estamos haciendo un llamado al Gobierno para que intervenga antes de que ocurra una tragedia. Una cosa es reclamar por una comunidad y otra muy distinta es realizar acciones que puedan poner en peligro la vida de cientos de familias”, expresó.
De su lado, Yeison Melo pidió a las autoridades establecer el orden y evitar acciones que, según afirmó, alteren la tranquilidad de los residentes.
Melo consideró que las diferencias sobre la planta deben ser discutidas por las vías institucionales y cuestionó lo que calificó como intentos de utilizar el conflicto con fines políticos.
“Las comunidades tienen derecho a reclamar, pero también deben respetarse las leyes y la seguridad de todos”, afirmó.
Durante la audiencia ante el TSA, el Ministerio de Medio Ambiente defendió la licencia ambiental otorgada y señaló que esta contempla mecanismos de supervisión, seguimiento y control, además de programas de manejo ambiental, inspecciones y auditorías.
Los comunitarios solicitaron finalmente que las autoridades mantengan vigilancia en el área y promuevan un diálogo entre las partes para evitar nuevos incidentes y preservar la seguridad de residentes, trabajadores y transeúntes.