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SANTO DOMINGO. – El comunicador Eduardo Sanithlaire sostuvo este sábado que las modificaciones realizadas a varios artículos del nuevo Código Penal relacionados con la libertad de expresión no fueron producto de un consenso transparente, sino de cambios introducidos durante el proceso legislativo, lo que, a su juicio, constituyó un engaño para distintos sectores involucrados en las discusiones.
Sanithlaire afirmó que quienes participaron en las conversaciones sobre la reforma penal «no fueron derrotados, sino engañados».
Explicó que, previo a la aprobación de la legislación, se celebró una reunión, en la que se abordaron las disposiciones referentes a la difamación, la injuria y la libertad de expresión.
El analista se expresó en estos términos al participar en el programa que conduce “Políticas Públicas en Línea”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
(Ver programa).
Según relató Sanithlaire, durante ese encuentro se solicitó discreción sobre los detalles de la conversación y manifestó su disposición de revisar cuidadosamente esos artículos.
Aseguró que, tras alcanzarse consensos en esa reunión, el Poder Ejecutivo remitió observaciones para que se revisaran específicamente las disposiciones relacionadas con la difamación e injuria.
Sin embargo, sostuvo que, una vez el proyecto regresó al Congreso Nacional para su conocimiento público, se produjeron modificaciones que alteraron lo previamente acordado.
«Una vez la pieza llegó al Congreso en debate público, inmediatamente algunos sectores aprovecharon esa cortina de humo para introducir cambios y eliminar otros», expresó.
El comentarista dejó claro que nunca ha respaldado la difamación y consideró que todo profesional de la comunicación que formule acusaciones contra una persona o institución debe contar con las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
«Todo aquel comunicador que difame a cualquier persona o institución debe tener las pruebas suficientes para hacerlo; de lo contrario, debe asumir las consecuencias», afirmó.
Eduardo Sanithlaire criticó el manejo del proceso legislativo del Código Penal y sostuvo que las modificaciones introducidas durante su discusión generaron desconfianza entre quienes participaron en las consultas previas, al considerar que el texto aprobado no reflejó plenamente los acuerdos alcanzados en las reuniones iniciales.

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