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SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) consideró este jueves que el proyecto del nuevo Código Penal, aprobado en primera lectura por el Senado, representa una oportunidad desaprovechada para fortalecer la seguridad jurídica empresarial, al no incorporar las observaciones presentadas por el sector privado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La organización sostuvo que el país necesita un Código Penal moderno y adaptado a la realidad económica y social, pero afirmó que ello no debe implicar la aprobación de una normativa sin valorar las observaciones técnicas remitidas por el empresariado, especialmente las relacionadas con el impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), según detalla un comunicado de prensa.
ANJE indicó que el proceso legislativo no aprovechó el período de vacatio legis para realizar las correcciones necesarias mediante consultas intersectoriales y calificó de insuficiente la decisión de posponer por tres meses la entrada en vigor de las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Según la entidad, el proyecto no establece reglas diferenciadas para las micro y pequeñas empresas ni define un régimen de responsabilidad penal empresarial que responda a los principios de legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
La asociación planteó que la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe sustentarse en criterios objetivos, entre ellos, que la infracción haya sido cometida en beneficio de la entidad; que exista un incumplimiento grave de los deberes de organización y control, y que la imprudencia o negligencia solo genere responsabilidad en los casos previstos por la ley.
También propuso que el marco normativo reconozca con mayor claridad los programas de cumplimiento implementados por las empresas y establezca mecanismos precisos para su certificación.
ANJE afirmó que el país requiere un Código Penal que permita perseguir las conductas ilícitas, promueva la prevención, facilite el cumplimiento de la ley y ofrezca un entorno de mayor previsibilidad para la inversión, el emprendimiento y la generación de empleos.
La organización expresó su disposición de continuar el diálogo con el Congreso Nacional y planteó que, en caso de aprobarse el Código Penal en su forma actual, se cree, durante el primer año de implementación, una comisión permanente integrada por técnicos y académicos para evaluar la aplicación práctica del régimen de responsabilidad penal empresarial y proponer mejoras a sus disposiciones.
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