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SANTO DOMINGO. – La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camiperd) planteó la necesidad de actualizar la Ley Minera 146-71 para superar trabas administrativas que afectan al sector y garantizar que el 5 % de los beneficios llegue de forma directa a las comunidades donde operan los proyectos.
Durante una visita al director de Persio Maldonado Sánchez, el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, Pedro Esteva, junto al director ejecutivo, Martín Valerio, explicaron que la normativa vigente, con más de cinco décadas de antigüedad, se ha convertido en un “cuello de botella” que limita la agilidad de los procesos y la atracción de inversiones.
Fortalecer institucionalidad para eliminar “Cuello de botella”
Indicaron que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre instituciones, lo que genera duplicidad de procesos, incertidumbre jurídica y largos tiempos de respuesta, sus planteamientos, se basan en lo que califican como, “desconexión” entre la Ley Minera que data de 1971 y la más reciente Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“El nuevo proyecto de ley fortalecería la institucionalidad en el sentido de que la ley minera sería una ley propiamente minera y no tendría esas disposiciones medioambientales”, puntualizó Martín Valerio.
Valerio, explicó la importancia de la eficiencia administrativa para crear políticas donde de prevalezca la continuidad de Estado, de cara al plan Meta 2036 que busca duplicar el Producto Interno Bruto.
En ese sentido, Pedro Esteva, señaló en 2025 la contribución de la minería fueron USD$1,900 millones de dólares y se prevé que para el 2036 serían USD$5,400 millones de dólares.
Según datos contenidos en un paper institucional, las solicitudes de exploración pueden tardar más de 600 días, mientras permanecen en trámite 287 solicitudes de exploración y 103 de explotación.
A su juicio, esto evidencia la necesidad de establecer reglas claras, plazos definidos y criterios técnicos que reduzcan la discrecionalidad, — que es la facultad legal que tienen las autoridades para elegir entre varias opciones permisibles al tomar decisiones — para lo que afirman, potenciaría la transparencia y “genere un valor agregado más allá de la extracción”.
Beneficios tangibles para comunidades
El gremio planteó que el 5 % de los ingresos mineros se transfiera directamente a las comunidades, para evitar la potestad administrativa y asegurar su impacto en obras como carreteras, agua, energía y vivienda.
“Como están escritos los contratos ahora, es una potestad del gobierno decidir qué cantidad de esas rentas mineras se invierte en las distintas provincias”, declaró Esteva, al tiempo que señaló que esa disposición está contenida en la Ley de Medio Ambiente y no en la Ley Minera.
“El dinero que se genera debe invertirse directamente en las comunidades”, sostuvo Pedro Esteva.
Indicó que, aunque la actividad minera puede dinamizar el consumo en los territorios donde opera, el impacto en infraestructura depende de que exista un marco legal que garantice la asignación de esos recursos.
“Lo importante es que la gente vea los resultados en su calidad de vida”, asevero.
Asimismo, recordó que el país forma parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, mecanismo orientado a promover la transparencia en la gestión de los ingresos provenientes de las industrias extractivas.
Añadió que el objetivo es que, al concluir la vida útil de una mina, las localidades cuenten con infraestructura que sostenga su desarrollo.
Relación con comunidades
Los empresarios reconocieron que uno de los retos es mejorar la comunicación con las comunidades, donde no siempre se perciben los beneficios de la actividad minera.
Aunque las empresas generan empleos y programas sociales, la población demanda impactos más visibles y sostenidos, lo que ratifican, será posible con la priorización de un nuevo marco legal.
“Cuando la gente entienda de que el bienestar de la minería no se refleja a través de las obras de bien social o de responsabilidad social de las empresas, pero si no del dinero que reciba directamente”, destacó Esteva y aclaró que su concepción proviene de conversaciones con religiosos de las comunidades, al asimilar que deben ser gestionados con los fondos que recibe el Gobierno dominicano.
Minería como eje estratégico
Los industriales de la minería plantearon que el tema que debe incorporarse al diálogo nacional, al considerar que su desarrollo está respaldado por la Constitución y vinculado a la política pública del Estado.
En ese contexto, se indicaron que los recursos minerales disponibles en el país —como níquel, cobre y tierras raras— colocan al sector en una posición relevante dentro de la discusión sobre el modelo económico y productivo.
Manifestaron además que el sector puede desempeñar un papel en la generación de ingresos y en el suministro de insumos esenciales para diversas actividades económicas, por lo que su inclusión en el debate nacional responde a su impacto potencial en el desarrollo y la diversificación productiva del país.
Exportaciones y diversificación económica
Al referirse a las exportaciones, Esteva señaló a Haití como el principal socio comercial de la República Dominicana durante el mes de marzo, alcanzando un volumen de exportaciones de US$129 millones de dólares a pesar del complejo contexto sociopolítico que atraviesa la vecina nación.
De igual manera, lo que respecta a la estructura exportadora nacional, la minería representó el 19 % del total de los envíos realizados en marzo, compartiendo protagonismo con el tabaco, la manufactura de zonas francas y la producción agrícola.
No obstante, los representantes de Camiperd subrayaron la importancia de continuar fortaleciendo la diversificación económica para evitar la dependencia de sectores específicos. En ese sentido, destacaron que el dinamismo de las exportaciones debe apoyarse en un equilibrio estratégico entre la industria extractiva y el robustecimiento de los demás sectores productivos del país.
Camiperd planteó que la minería debe formar parte de una estrategia nacional junto a turismo, agricultura y zonas francas.
Señalaron que, si las zonas mineras cuentan con empleo, servicios e infraestructura, se reduce la migración hacia grandes ciudades.
Los ejecutivos de la Camiperd, afirmaron que la actualización de la ley es clave para equilibrar crecimiento económico, sostenibilidad y bienestar social.
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