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SANTO DOMINGO.– El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, advirtió que debe eliminarse la práctica de recibir bienes y servicios sin contratos registrados y certificados por la Contraloría General de la República.
El funcionario explicó que estas irregularidades generan conflictos legales, demandas y dificultan el cumplimiento de pagos, afectando la seguridad jurídica y la correcta gestión de los recursos del Estado.
Nueva ley endurece controles
El pronunciamiento se produjo durante una jornada formativa organizada por la Contraloría, enfocada en la entrada en vigor de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual redefine los estándares de transparencia, control y eficiencia en la administración pública.
Pimentel destacó que la normativa introduce un cambio estructural al priorizar la prevención de riesgos y el cumplimiento estricto de los procesos legales, colocando la formalización contractual como eje clave del sistema.
Mayor fiscalización y control interno
El contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, valoró el alcance de la nueva legislación, subrayando su impacto en el fortalecimiento del control interno en las instituciones públicas.
Afirmó que no existen justificaciones para realizar procesos o registrar contratos fuera del marco legal, reiterando la obligación de cumplir estrictamente con la normativa vigente.
Cambios en compras y evaluación
Durante la jornada, se explicaron los principales ejes de la ley, que promueve la integridad en todas las fases de contratación, la profesionalización de los actores y el fortalecimiento del órgano rector.
También se abordaron nuevos criterios para seleccionar procedimientos de contratación, tomando en cuenta la naturaleza y el monto de los bienes o servicios, junto a modalidades más ágiles que buscan eficiencia sin sacrificar transparencia.
“Valor por dinero” sustituye el menor precio
Uno de los cambios clave es el nuevo enfoque en la evaluación de ofertas, que supera el criterio del menor costo e incorpora el concepto de “valor por dinero”, considerando factores técnicos, económicos y de sostenibilidad.
Asimismo, se refuerzan los comités de compras, cuyos integrantes deberán someterse a formación continua, mientras se amplían las competencias del órgano rector para supervisar los procesos.
Digitalización y sanciones más claras
La normativa también establece límites más estrictos a las modificaciones contractuales y un régimen sancionador más equilibrado, orientado a garantizar responsabilidad administrativa sin vulnerar derechos.
En ese contexto, se destacó el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (Eficompras), una herramienta clave para digitalizar procesos, mejorar el acceso a la información y fortalecer la transparencia institucional.
En la actividad participaron funcionarios y colaboradores de la Contraloría, incluyendo directivos de distintas áreas, como auditoría, recursos humanos y gestión administrativa.