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SÁNCHEZ RAMÍREZ.- Más de 300 familias campesinas de la sección Los Pinos, en el distrito municipal de Comedero Arriba, provincia Sánchez Ramírez, enfrentan una prolongada incertidumbre por una controversia sobre la propiedad de los terrenos donde aseguran haber construido sus viviendas, desarrollado actividades agrícolas y establecido sus familias durante varias generaciones.
La situación involucra una extensión estimada en 23 mil tareas de tierra y una disputa entre los ocupantes y la familia Tejada Rodríguez, que reclama derechos de propiedad sobre esos terrenos.
A través de visitas a la comunidad, conversaciones con sus residentes y seguimiento a esta problemática desde 2024, Julio Ramos ha conocido las preocupaciones de numerosas familias que aseguran que su permanencia en esos terrenos se remonta a varias generaciones y que hoy viven con incertidumbre sobre el futuro de sus hogares y actividades productivas.
El conflicto trasciende una diferencia sobre la titularidad inmobiliaria, debido a sus implicaciones sociales, económicas y familiares, así como a la necesidad de una respuesta institucional que garantice el respeto a los derechos de todas las partes.
Una permanencia que se remonta a varias generaciones
Los testimonios recogidos entre los residentes revelan que la presencia de familias campesinas en Loma de Los Pinos podría remontarse a varias generaciones.
Personas de hasta 90 años de edad aseguran que sus abuelos nacieron, se criaron y desarrollaron toda su vida en esos terrenos, donde posteriormente establecieron sus propias familias.
Los moradores sostienen que no se trata de una ocupación reciente, sino de una comunidad cuya historia está profundamente vinculada a esas tierras. Allí han levantado sus viviendas, cultivado sus parcelas y transmitido de generación en generación sus formas de vida y trabajo.
Para los residentes, la controversia representa una preocupación que va más allá de sus propiedades y medios de subsistencia, pues también involucra una historia familiar que, según sus testimonios, antecede por décadas a las actuales reclamaciones sobre los terrenos.
El abogado Saúl Hernández, representante de los comunitarios, ha señalado que alrededor de 300 familias se encuentran vinculadas a la controversia por los terrenos, cuya extensión ha sido estimada en unas 23 mil tareas.
Los residentes reclaman que sus derechos sean respetados y que se tome en consideración la historia de permanencia de sus familias.
La problemática también involucra a residentes de La Salsa, Blanco, Yujo, La Romana, El Can, El Hoyo y Los Capaces, comunidades que han manifestado preocupación por las consecuencias que podría tener cualquier decisión relacionada con esos terrenos.
Un proyecto agroforestal y años de trabajo
Uno de los elementos que agrega importancia social y económica al conflicto es el proyecto agroforestal desarrollado en la zona y vinculado al Plan Quisqueya Verde.
Los comunitarios han explicado que durante años dedicaron esfuerzos a la siembra y al desarrollo de terrenos productivos, con la expectativa de obtener de ellos el sustento para sus familias.
Durante los encuentros con los residentes también surgieron preocupaciones relacionadas con las dificultades para continuar aprovechando los terrenos y el acceso al agua, recurso fundamental para sus hogares y actividades agrícolas.
Para estas familias, una eventual pérdida de los terrenos no representaría solamente un cambio de residencia, sino también la posible desaparición de años de trabajo e inversión familiar.
El interés por lo que pudiera encontrarse debajo de las lomas
Otro elemento que llama la atención alrededor de Loma de Los Pinos es lo que pudiera encontrarse debajo de sus elevaciones. Entre las inquietudes planteadas en torno a la zona figura la posibilidad de que existan recursos naturales en el subsuelo, un aspecto que merece ser esclarecido mediante estudios técnicos y geológicos de las instituciones competentes.
Hasta el momento, no corresponde afirmar la existencia de yacimientos o riquezas minerales sin investigaciones que lo confirmen. Sin embargo, cualquier interés relacionado con los recursos del subsuelo debe manejarse con transparencia, dentro del marco legal y tomando en consideración los derechos de las partes involucradas.
Este aspecto añade otra dimensión a la controversia y hace necesario conocer si existen estudios, proyectos o solicitudes de exploración relacionados con el área.
Una zona de importancia para los recursos hídricos
Loma de Los Pinos también tiene relevancia por su relación con los recursos hídricos de la provincia. En esta zona nace el río Cuayá, cuyo curso atraviesa comunidades del distrito municipal de Comedero Arriba y continúa hacia Fantino, hasta llegar al sector de San Miguel, donde se une con el río Camú, según la referencia geográfica aportada por residentes de la zona.
La importancia de este afluente hace necesario que cualquier intervención o proyecto en el área tome en consideración la protección de las fuentes de agua, el entorno natural y las comunidades que dependen de estos recursos.
La conservación de las nacientes y del cauce del río Cuayá constituye un asunto de interés ambiental para la provincia Sánchez Ramírez, por lo que también resulta pertinente conocer la posición de las autoridades responsables de la protección de los recursos naturales.
Testimonios que reflejan la dimensión humana
Entre las personas que han expresado su preocupación por la situación figura Francisca García Pérez, una mujer de 70 años que afirmó haber nacido y crecido en Los Pinos.
Su testimonio refleja la realidad de quienes han desarrollado prácticamente toda su vida en la comunidad y temen que la controversia termine afectando su permanencia.
Los relatos de personas mayores que aseguran que sus familias han vivido durante generaciones en esos terrenos constituyen parte de la memoria histórica de la comunidad y ayudan a comprender la dimensión humana del conflicto.
El caso de Quintino Ramírez genera preocupación entre los residentes
Uno de los episodios que ha aumentado la preocupación entre los habitantes de Loma de Los Pinos es el caso de Quintino Ramírez, quien recibió un disparo de arma de fuego en el centro del pecho durante un incidente que los comunitarios relacionan con la controversia por los terrenos.
De acuerdo con los detalles ofrecidos sobre el hecho, el disparo se habría producido a distancia y el proyectil atravesó su cuerpo de lado a lado.
El suceso generó inquietud entre los residentes por la gravedad de las lesiones y por el temor de que las tensiones vinculadas al conflicto territorial puedan derivar en nuevos hechos de violencia.
Las circunstancias en que ocurrió el incidente y las posibles responsabilidades deben establecerse mediante las investigaciones correspondientes, sin atribuir culpabilidad a ninguna persona sin las pruebas y decisiones de las autoridades competentes.
La disputa también llegó a los tribunales
La controversia tiene un componente judicial. El Tribunal de Tierras de Cotuí ha conocido una demanda en desalojo relacionada con los terrenos.
De acuerdo con los antecedentes del proceso correspondientes a octubre de 2024, ambas partes presentaron sus conclusiones y el expediente quedó pendiente de una decisión.
La familia Tejada Rodríguez sostiene que tiene derechos de propiedad sobre los terrenos, mientras los comunitarios defienden su permanencia y reclaman que se tomen en cuenta los años de ocupación y el trabajo desarrollado en la zona.
Resulta necesario conocer la situación procesal actual para establecer si posteriormente se produjo alguna sentencia, recurso o nueva actuación judicial.
La controversia requiere una evaluación basada en los títulos, antecedentes registrales, documentación presentada y demás pruebas que correspondan conforme a la legislación inmobiliaria dominicana.
Preocupación por la seguridad y la convivencia
La situación también ha generado preocupación entre representantes comunitarios y religiosos.
El sacerdote misionero Fidel Néstor Mecongo Mecongo expresó su preocupación por el temor que experimentaban los residentes de distintas comunidades.
Daniel Cruz Ayala, representante comunitario, también denunció la existencia de un ambiente de preocupación entre los habitantes.
Los comunitarios han solicitado la intervención de las autoridades nacionales para evitar que la controversia pueda derivar en nuevos enfrentamientos.
La situación plantea la necesidad de garantizar la seguridad de los residentes, el respeto al debido proceso y la prevención de cualquier actuación que pueda poner en peligro la integridad de las personas.
Dirigentes políticos han expresado respaldo
El conflicto también ha provocado pronunciamientos de representantes políticos de Sánchez Ramírez.
El alcalde de Comedero Arriba, Martín Rosa, ha expresado públicamente su respaldo a los moradores. Durante sus declaraciones sobre la situación manifestó que no permitiría que los residentes fueran despojados de sus terrenos.
La diputada Katy Díaz también manifestó su apoyo a los comunitarios y expresó su disposición de acompañarlos en sus reclamaciones.
Asimismo, el diputado José Alberto Jiménez Santos ha expresado respaldo a los intereses de los residentes.
Entre las gestiones institucionales planteadas figura la participación del senador Ricardo de los Santos, la gobernadora provincial Cristiana Rodríguez de Alba y otros representantes de la provincia, con el propósito de procurar una salida al conflicto.
Sin embargo, los residentes necesitan conocer cuáles compromisos se han materializado y qué resultados han producido las gestiones anunciadas.
Las instituciones tienen que ofrecer respuestas
La situación de Los Pinos demanda una intervención coordinada de las instituciones competentes.
El Tribunal de Tierras debe ofrecer claridad sobre el estado del expediente; las autoridades de Medio Ambiente deben verificar la situación de los proyectos agroforestales y los recursos naturales, mientras que los organismos correspondientes deben garantizar que se respeten los derechos de todos los involucrados.
También resulta necesario conocer si las instituciones han realizado levantamientos de las familias residentes, las mejoras existentes y las actividades agrícolas desarrolladas en los terrenos.
La antigüedad de la ocupación constituye un antecedente relevante, pero no sustituye la evaluación jurídica de los derechos de propiedad. De igual manera, las reclamaciones de titularidad deben ser examinadas dentro del marco legal y mediante los procedimientos correspondientes.
Una pregunta que sigue pendiente
El caso de Loma de Los Pinos merece una atención que trascienda las declaraciones políticas y las denuncias ocasionales.
Detrás de las cifras hay familias que aseguran haber construido sus vidas en esas comunidades, agricultores que dependen de sus terrenos y generaciones que ven amenazada la continuidad de su patrimonio familiar.
A esto se suma la importancia ambiental de la zona, particularmente por el nacimiento del río Cuayá, así como la necesidad de esclarecer cualquier posible interés relacionado con los recursos naturales del subsuelo.
La provincia Sánchez Ramírez necesita respuestas claras sobre el futuro de estos residentes y sobre la situación jurídica de los terrenos en controversia.
La pregunta fundamental sigue siendo: ¿qué solución ofrecerán las autoridades para garantizar que este conflicto se resuelva conforme a la ley, sin violencia y con respeto a los derechos de todas las partes?
La situación de Loma de Los Pinos no debe quedar reducida a un expediente judicial ni a una disputa entre particulares. Se trata de un problema social y ambiental que requiere transparencia, seguimiento institucional y una solución justa.
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