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SANTO DOMINGO.– El abogado penalista Manuel Sierra Pérez analizó las implicaciones jurídicas del incidente entre la diputada Millys Johanna Martínez Morillo y agentes de la Policía Nacional, y planteó la necesidad de investigar las circunstancias en que ocurrieron los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes.
El jurista explicó que debe establecerse si la actuación policial se produjo dentro de los límites de la legítima defensa y si fue proporcional a las circunstancias y a lo establecido en los protocolos policiales. Asimismo, hizo referencia a los equipos de protección y las técnicas con que cuentan los agentes para el desempeño de sus funciones.
Sierra ofreció estas declaraciones durante una entrevista en el programa Toque Final, conducido por el periodista Julio Martínez Pozo y transmitido por Antena 7, donde abordó las implicaciones legales del caso, según señala una nota de prensa.
«Aun actuando a nombre de la ley, también tiene que responder frente a la ley», expresó el abogado al referirse a la responsabilidad de los agentes policiales. Sostuvo que, si se determina que un agente actuó fuera del marco legal, corresponde que su conducta sea evaluada por la justicia y que un juez determine si procedió conforme a la ley.
El jurista señaló que la investigación debe esclarecer cómo se originó el conflicto y determinar si fue la legisladora quien lo generó o si la autoridad actuó de manera errada durante su intervención. En ese sentido, se refirió al papel del Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República y los representantes fiscales correspondientes, en el esclarecimiento de los hechos.
Otro de los temas abordados fue la inmunidad parlamentaria, contemplada en los artículos 86 y 87 de la Constitución dominicana. Sierra explicó que esta garantía está vinculada al ejercicio de las funciones legislativas y expuso sus consideraciones sobre las condiciones en que puede producirse la detención de un congresista durante el período legislativo.
Al respecto, se refirió a la facultad del presidente de la Cámara de Diputados para exigir la puesta en libertad de un legislador detenido, incluso en los supuestos de flagrante delito que mencionó durante la entrevista. También explicó que, una vez concluido el período legislativo, puede continuar el proceso judicial por los hechos imputados.
El abogado enfatizó que la inmunidad parlamentaria no significa que los hechos deban quedar sin investigar, sino que deben esclarecerse las circunstancias y determinarse las consecuencias jurídicas correspondientes.