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SANTO DOMINGO.- Diputados de distintas fuerzas políticas plantearon este lunes que el combate a la delincuencia y la criminalidad en República Dominicana no puede concentrarse únicamente en la actuación de la Policía Nacional, sino que debe estar acompañado de reformas y mejoras en el sistema de justicia.
Los legisladores sostuvieron que, además de fortalecer los organismos de seguridad, es necesario revisar el funcionamiento del Ministerio Público y de los tribunales, de manera que las investigaciones y los procesos judiciales permitan llevar hasta las últimas consecuencias a quienes incurran en hechos delictivos.
El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, explicó la necesidad de reformar y depurar el Ministerio Público, además de la Policía Nacional y la judicatura, al señalar que existen provincias y municipios donde, según afirmó, fiscales estarían vinculados con agentes policiales corruptos.
Asimismo, afirmó que el combate a la delincuencia en el país debe partir del cumplimiento estricto de las leyes y de una depuración de las instituciones responsables de aplicarlas.
Wessin Chávez sostuvo que el país cuenta con buenas normas, incluido el recién aprobado Código Penal, por lo que consideró necesario que las autoridades comiencen a aplicarlas con firmeza.
“Hay que hacer una depuración ahí también. Y lo digo porque tengo pruebas de eso, no estoy hablando por hablar”, aseguró.
Este planteamiento surge a propósito de los cuestionamientos formulados por sectores de derechos humanos sobre las actuaciones policiales frente a la delincuencia y la intención de llevar denuncias sobre presuntas violaciones a organismos internacionales.
En ese sentido, el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Alcibíades Tavárez, manifestó que aunque el Gobierno ha fracasado en el combate a la delincuencia y la criminalidad utilizando mecanismos de «fusilamientos” contra ciudadanos no está de acuerdo con llevar el caso directamente ante entidades internacionales.
De su lado, el diputado Carlos de Pérez, consideró que las denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas, pero advirtió que antes de acudir a organismos internacionales deben agotarse las vías judiciales internas.
De Pérez señaló que el país cuenta con instituciones como el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio Público para investigar y sancionar posibles abusos.
Asimismo, cuestionó que la sociedad llegue a celebrar la muerte de supuestos delincuentes, al advertir que estas acciones pueden cortar importantes líneas de investigación y evitar que se conozca quiénes están detrás de estructuras criminales.
El legislador abogó por que el Ministerio Público construya expedientes sólidos y permita que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades correspondientes.
En tanto, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti Jr, advirtió que, aunque respalda la “mano dura” contra la delincuencia, la Policía Nacional no puede convertirse en la institución que decida quién vive o muere en los barrios.
Mariotti sostuvo que el combate al crimen debe estar acompañado del respeto al Estado de derecho y cuestionó que, pese a los operativos y enfrentamientos policiales, persista el temor entre la población.
Asimismo, denunció posibles niveles de complicidad entre autoridades y delincuentes, al señalar que resulta difícil creer que la Policía desconozca dónde operan los puntos de drogas y otros negocios ilícitos.
El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carlos Sánchez, defendió la actuación de la Policía Nacional frente a la delincuencia y consideró que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en su derecho de presentar denuncias ante los organismos que considere pertinentes.
Sin embargo, sostuvo que este se estaría extralimitando al llevar estos casos fuera del ámbito del Ministerio Público, organismo que debe investigar cualquier supuesto atropello o abuso cometido por agentes policiales.
El legislador señaló que los fallecidos en enfrentamientos con la Policía, según los casos conocidos, tenían antecedentes delictivos, aunque aclaró que esto no faculta a ningún agente a quitarle la vida a una persona.
Asimismo, afirmó que la mayoría de la población respalda el accionar de la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia.
Mientras se mantiene este debate, en el Congreso Nacional continúa pendiente la discusión de la reforma policial, iniciativa que busca introducir cambios en la estructura y funcionamiento de la institución del orden.
Para los parlamentarios, el desafío de enfrentar la delincuencia trasciende la labor policial y demanda una revisión más amplia de las instituciones que intervienen en la prevención, persecución y sanción del delito.
ADDP/