Pimentel defiende actuación de la DGCP en licitación del Inabie y califica críticas de “opinar desde la ignorancia”

SANTO DOMINGO.-El director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, defendió este miércoles la actuación de esa institución durante el proceso de licitación para la contratación de servicios de alimentación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para el período 2026-2028 y calificó algunos de los cuestionamientos al proceso como “opinar desde la ignorancia”.

“Eso es opinar desde la ignorancia, desde la industria de la manipulación y la mentira”, expresó Pimentel al ser abordado por periodistas en el Palacio Nacional.

Sus declaraciones se producen luego de que participantes en el proceso formularan cuestionamientos sobre la licitación, además de varios reportajes que han expuesto señalamientos relacionados con el procedimiento.

Asimismo, días atrás, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó investigar el pliego de condiciones de la licitación Inabie-CCC-PLN-2025-0045, así como revisar las evaluaciones realizadas por los peritos y la capacidad de los proveedores adjudicados.

Ante estos señalamientos, Pimentel sostuvo que las contrataciones públicas deben ser abordadas mediante “análisis técnicos y objetivos sobre la verdad y la realidad de los hechos”.

Explicó que, desde su rol de monitoreo preventivo, la DGCP puede realizar observaciones a los pliegos de condiciones y que aquellas de carácter obligatorio deben ser acogidas por la entidad contratante.

Pimentel afirmó que el proceso de licitación de Inabie busca ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), mediante mejoras en los procesos de participación de las cocinas que forman parte del programa de alimentación escolar.

Según detalló, la licitación recibió 2,650 ofertas, de las cuales 1,500 fueron adjudicadas, mientras que alrededor de 1,000 proveedores participantes no resultaron adjudicados.

El funcionario también informó que la DGCP está apoderada de 80 recursos administrativos de participantes que entienden que durante el proceso se violaron los marcos normativos.

“La Dirección General de Contrataciones conocerá estos recursos y, como siempre, habrá decisiones y nunca tendremos un silencio administrativo”, afirmó.

Sobre el Decreto 672-26

Pimentel también explicó que el Decreto 672-26, emitido el pasado lunes por el Poder Ejecutivo, busca instruir a las entidades públicas a impulsar el desarrollo mediante las contrataciones públicas.

Señaló que el 32 % del Presupuesto General está destinado a la contratación de bienes, servicios y obras, por lo que consideró que las contrataciones públicas pueden servir “perfectamente como un motor de desarrollo”.