El fracaso del sistema y la ilusión del «29»

Cuando una sociedad produce delincuentes en masa, el fenómeno deja de ser un fallo ético puramente individual y se convierte en el reflejo de un sistema que colapsó. En la República Dominicana, la criminalidad se ha apoderado de la vida pública en todos sus niveles; desde el asalto a mano armada en un barrio marginado hasta el sofisticado y multimillonario crimen de cuello blanco, que desbanca al Estado con total impunidad. Frente a este panorama, la respuesta oficial del organismo de represión, la Policía Nacional, ha sido recurrir a los tristemente célebres «intercambios de disparos», eliminando físicamente a presuntos delincuentes como un mensaje de fuerza hacia la población. Todo esto ocurre mientras el país lleva más de una década sumergido en una reforma policial que parece no tener ni pies ni cabeza. Hoy por hoy, la inseguridad es el principal problema de los dominicanos, quienes merecen caminar por las calles o descansar en sus hogares sin el temor constante de ser asaltados o violentados.

La génesis de esta crisis no es un misterio: radica en un Estado incapaz de proveer las necesidades básicas y fundamentales para la realización humana. El dominicano promedio carece de acceso a educación, salud y vivienda digna. Con un salario mínimo que apenas ronda los 300 dólares mensuales (unos 18,000 pesos dominicanos), resulta humanamente imposible alimentarse, vestirse, transportarse y recrearse. La supervivencia se ha vuelto inviable bajo las reglas formales, empujando a la mayoría hacia la informalidad y el «chiripeo». Se ha vuelto una máxima irónica en nuestro país que, para que un pobre pueda aspirar a una vivienda digna, tiene que ganar una medalla olímpica; es decir, tiene que ser un ser extraordinario.

«Poner en 29» a un ciudadano es la admisión definitiva de que el Estado falló. Cuando el sistema decide desvivir a una persona, refleja dos incapacidades flagrantes: primero, la de educar y formar a ese individuo; segundo, la de rehabilitarlo dentro de un sistema penitenciario que resulta obsoleto. No habrá reforma policial ni seguridad ciudadana real sin un plan estructural que desmantele el aislamiento del barrio y de la cañada mediante la construcción masiva de viviendas dignas. No habrá paz pública mientras millones de niños carezcan de seguridad alimentaria y millones de jóvenes sigan excluidos de salarios que les permitan vivir con dignidad.

Hoy, como en el pasado, se pretende tapar el sol con un dedo «poniendo en 29» a los jóvenes que han hecho de la delincuencia su oficio. Pero ante este despliegue de violencia estatal, cabe hacerse la pregunta incómoda: ¿Cuándo van a «poner en 29» a los políticos corruptos que se han robado los miles de millones de dólares que debieron usarse para construir una sociedad de bienestar para todos?

Por: Braulio A Rojas.