Quiosco Periódico Digital
Analizando noticia… por favor espera.
Por: Nuriely García, Pedro Hernández, Carolina Alvarez y María V. Báez
SANTO DOMINGO.– El debate sobre el presente y futuro de la Seguridad Social vuelve a colocarse en el centro de la discusión nacional. Salud, medicamentos de alto costo, pensiones, atención primaria, cobros adicionales, funcionamiento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), representación de los afiliados y una eventual reforma de la Ley 87-01 forman parte de una agenda en la que parece existir un punto de coincidencia: el sistema necesita cambios.
El tema centró este domingo el segundo episodio de “RD Debate 2026”, donde especialistas y representantes vinculados al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) confrontaron diagnósticos y propuestas sobre sus principales desafíos, desde la cobertura efectiva y el gasto de bolsillo hasta la sostenibilidad de las pensiones, la informalidad laboral y el funcionamiento de los organismos responsables de regular y supervisar el sistema.
En el encuentro participaron el director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez; el periodista, analista político y escritor, Francisco Tavárez; el economista, Juan Manuel Sontag; la abogada especializada en Derecho de la Seguridad Social, Leymi Lora; la especialista en seguridad social, Nélsida Marmolejos y el diputado de la Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Este y presidente de la comisión bicameral que estudia la reforma a la Seguridad Social Rafael Castillo, quienes, desde distintas perspectivas, plantearon la necesidad de corregir deficiencias y distorsiones acumuladas durante casi 25 años de vigencia de la Ley 87-01 y garantizar que cualquier proceso de transformación coloque los derechos y la protección de los afiliados en el centro de la reforma.
Las intervenciones evidenciaron coincidencias sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la supervisión y la capacidad de respuesta del sistema, pero también diferencias sobre qué debe reformarse, cómo hacerlo y hasta dónde deben llegar los cambios, especialmente en asuntos como el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), las ARS, el financiamiento y la edad de retiro.
Cobertura real, copagos y gasto de bolsillo
Uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de cerrar la brecha entre contar formalmente con un seguro y recibir una cobertura efectiva y de calidad cuando se necesita.
Juan Manuel Sontag advirtió que, más allá de la ampliación de la cobertura nominal del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), todavía persisten topes, copagos y un elevado gasto de bolsillo. Según sostuvo, cerca del 20 % del presupuesto familiar termina destinado a este tipo de gastos, por lo que consideró necesario que la discusión avance de las cifras de afiliación hacia la calidad y efectividad de las prestaciones.
Leymi Lora destacó que cerca del 98 % de la población cuenta con cobertura de seguro de salud, pero identificó una importante brecha en el conocimiento que tienen los afiliados sobre sus derechos y los mecanismos disponibles para hacerlos efectivos. A su juicio, la ampliación de la cobertura debe acompañarse de mayor información, orientación y facilidades para acceder oportunamente a los servicios.
Francisco Tavárez cuestionó los topes establecidos en el plan de salud y sostuvo que estos contradicen el principio de acceso integral contemplado en la Ley 87-01. También criticó que el aumento de la cápita, que situó de unos RD$3,700 a RD$22,000, no se haya traducido, a su juicio, en mayores beneficios para los afiliados.
Rafael Castillo agregó que los copagos pueden representar una carga considerable para los pacientes y vinculó parte de esta situación con la falta de implementación plena de la atención primaria.
SeNaSa: gestión, reservas y confianza en el sistema
La situación del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) concentró una parte importante de las diferencias entre los participantes, aunque hubo coincidencia en la necesidad de fortalecer los controles, la supervisión y la transparencia.
Nélsida Marmolejos cuestionó el manejo dado a la institución y atribuyó la situación a deficiencias de responsabilidad dirigencial, gerencia y administración. Rechazó que pueda explicarse únicamente bajo la figura de un préstamo y reclamó mayor vigilancia y transparencia sobre las entidades que administran recursos públicos y de los afiliados.
Leymi Lora consideró que lo ocurrido representó un fuerte golpe reputacional para el Sistema Dominicano de Seguridad Social y generó preocupación entre los afiliados, aunque sostuvo que esto no significa necesariamente un colapso económico de SeNaSa. Indicó que fueron adoptadas medidas desde el CNSS para procurar la continuidad de los servicios de los regímenes contributivo y subsidiado.
Elías Báez, director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), defendió el uso de unos RD$14 mil millones de las reservas de SeNaSa y aseguró que esta situación no afectó la cobertura de los afiliados. Explicó que la reserva establecida ronda los RD$20 mil millones y sostuvo que parte de esos recursos fue utilizada en programas sociales, aunque también cuestionó el manejo dado a los fondos.
Báez afirmó además que SeNaSa continuó ofreciendo las prestaciones correspondientes y atribuyó retrasos registrados en medicamentos a la implementación de un sistema informático.
Rafael Castillo coincidió en que la crisis de SeNaSa no provocó el colapso de todo el sistema, pero advirtió que dejó efectos importantes. Asimismo, cuestionó la supervisión ejercida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) sobre la institución.
Para Juan Manuel Sontag, lo ocurrido tampoco destruyó el sistema, pero debe convertirse en una lección que permita identificar debilidades y evitar que estas se repitan de cara a futuras reformas. Tavárez, por su parte, puso el énfasis en el efecto que tienen los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en la confianza de la ciudadanía.
Ley 87-01 y CNSS: reforma, transparencia y diferencias sobre su funcionamiento
La necesidad de revisar la Ley 87-01 generó coincidencias entre los participantes, aunque surgieron diferencias sobre la profundidad de los cambios y las causas que han impedido que determinadas disposiciones se materialicen.
Elías Báez consideró que, próxima a cumplir 25 años, la legislación requiere una revisión profunda para responder a las necesidades actuales y conseguir que los derechos establecidos sean efectivamente disfrutados por los afiliados. También cuestionó que durante ese período no se haya concretado una reforma integral.
Francisco Tavárez planteó que antes de modificar la legislación debe realizarse un diagnóstico que determine cuáles disposiciones no han sido aplicadas y por qué. Resumió su posición al señalar que el país no tiene simplemente una ley que no haya funcionado, sino una legislación que, a su juicio, nunca se ha aplicado plenamente.
Tavárez propuso además que las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) sean televisadas o transmitidas en vivo por plataformas digitales para aumentar la transparencia. También planteó despolitizar la dirección del organismo, de manera que su presidencia sea ejercida por una figura técnica especializada en Seguridad Social y no necesariamente por el ministro de Trabajo de turno.
Nélsida Marmolejos coincidió en reclamar mayores niveles de transparencia y democratización en el Consejo. Cuestionó el papel desempeñado por algunos representantes sectoriales y sostuvo que estos deben asumir con mayor firmeza la defensa de los trabajadores, pensionados y demás grupos que representan.
En contraste, Leymi Lora defendió los mecanismos de funcionamiento y transparencia existentes en el CNSS. Explicó que el organismo se reúne ordinariamente cada 15 días, trabaja mediante comisiones técnicas y publica sus actas y resoluciones. Añadió que determinadas decisiones requieren estudios técnicos, financieros y actuariales, además de consensos entre los sectores representados, lo que puede extender los procesos.
Rafael Castillo, en tanto, cuestionó que resoluciones y normas complementarias del CNSS hayan terminado modificando en la práctica disposiciones de la Ley 87-01 sin pasar por el Congreso Nacional. También expresó reparos sobre el mecanismo de veto dentro del organismo y defendió que cambios de esa naturaleza sean conocidos por el Poder Legislativo.
ARS, médicos, medicamentos y régimen de consecuencias
Otro de los ejes centrales fue la relación entre las ARS, los prestadores de servicios y los afiliados, particularmente frente a los cobros adicionales y las dificultades para hacer efectivas determinadas coberturas.
Elías Báez propuso la creación de una Fiscalía especializada en Seguridad Social que pueda perseguir las violaciones cometidas dentro del sistema y contribuir al establecimiento de un verdadero régimen de consecuencias frente a cobros irregulares, incumplimientos de cobertura y otras prácticas que afecten a los ciudadanos.
El director de la DIDA afirmó que la mayoría de los medicamentos están cubiertos por el sistema, pero cuestionó prácticas que terminan generando gastos adicionales para los afiliados. Señaló que algunos médicos prescriben marcas específicas que no están disponibles o cubiertas y denunció cobros adicionales por servicios que deberían estar contemplados dentro de las prestaciones.
Báez consideró que las autoridades deben aplicar sanciones cuando se incumplan las disposiciones del sistema y sostuvo que las ARS también tienen mecanismos contractuales para actuar frente a prestadores que incurran en irregularidades.
Francisco Tavárez reconoció la existencia de prácticas como el sobrediagnóstico y la indicación innecesaria de medicamentos por parte de algunos profesionales, pero advirtió que los médicos no deben ser responsabilizados de manera generalizada por las distorsiones del sistema. También planteó revisar las tarifas que reciben por sus servicios.
Rafael Castillo sostuvo que la legislación resulta débil al momento de sancionar irregularidades y señaló las dificultades que enfrentan algunos médicos para obtener códigos y ser incorporados como prestadores por determinadas ARS.
En cuanto a los medicamentos de alto costo, Báez planteó establecer mecanismos de compras conjuntas. Como ejemplo, afirmó que un medicamento contra el cáncer que puede costar alrededor de RD$400 mil podría adquirirse hasta un 70 % más barato mediante compras colectivas de las ARS.
Tavárez, por su lado, defendió que los afiliados puedan acceder a los medicamentos que necesitan, incluidos los de alto costo, sin las limitaciones que, a su juicio, han impedido materializar plenamente los derechos contemplados en la legislación.
Pensiones, financiamiento, edad de retiro e informalidad
La sostenibilidad del régimen de pensiones abrió otro de los principales debates. Los participantes coincidieron en la necesidad de revisar el modelo, aunque plantearon diferentes mecanismos para garantizar su viabilidad sin afectar derechos adquiridos.
Rafael Castillo advirtió que los bajos niveles salariales y de cotización representan dificultades para el equilibrio financiero del sistema. También llamó a revisar la tasa destinada al régimen de pensiones y alertó sobre el impacto que tiene la intermitencia entre el empleo formal y la informalidad sobre las futuras jubilaciones.
Castillo consideró que eventualmente será necesario elevar gradualmente la edad de retiro y planteó hacerlo por grupos generacionales hasta alcanzar los 65 años, evitando que la modificación afecte de manera abrupta a quienes se encuentran próximos a jubilarse.
Leymi Lora coincidió en que cualquier modificación de la edad de retiro debe producirse gradualmente y sin retrocesos para quienes están próximos a la jubilación. Explicó además que la edad establecida legalmente representa un mínimo para acceder al retiro y no necesariamente una obligación de abandonar el mercado laboral.
Lora también consideró necesario revisar el financiamiento del sistema de manera gradual y facilitar la incorporación de trabajadores independientes e informales, mediante mecanismos sencillos que les permitan aportar de acuerdo con sus ingresos y recibir beneficios proporcionales a sus contribuciones.
En ese punto coincidió con Castillo, quien situó la informalidad laboral entre un 50 % y 53 % y planteó la incorporación progresiva de esos trabajadores como una vía para ampliar la base de cotizantes.
Francisco Tavárez agregó que cualquier transformación debe tomar en cuenta el envejecimiento de la población para evitar que las decisiones adoptadas en el presente terminen generando mayores niveles de pobreza entre los futuros jubilados.
Nélsida Marmolejos, por su parte, defendió una reforma estructural del régimen de pensiones que permita garantizar prestaciones dignas y corregir los desequilibrios existentes, pero insistió en que cualquier modificación debe preservar los derechos adquiridos y evitar retrocesos para los afiliados.
Atención primaria, salud mental y nuevas necesidades de protección
El fortalecimiento de la atención primaria fue identificado como una de las grandes tareas pendientes del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Leymi Lora sostuvo que su implementación requiere voluntad política y decisiones dirigidas a garantizar que este nivel de atención funcione efectivamente en beneficio de la población.
Los planteamientos también apuntaron hacia una mayor apuesta por la prevención y la detección oportuna de enfermedades, reduciendo tanto el impacto sobre la salud de los pacientes como los costos que posteriormente deben asumir las familias y el propio sistema.
La salud mental figuró igualmente entre las necesidades que deben recibir una respuesta más efectiva. Durante el debate se planteó garantizar dentro de las prestaciones consultas, tratamientos y medicamentos para estas condiciones, de manera que su costo no constituya una barrera para los afiliados.
Asimismo, se abordó la necesidad de ampliar la protección de personas con discapacidad y otros sectores vulnerables. Castillo planteó, entre otras propuestas, fortalecer la protección mediante pensiones de sobrevivencia para beneficiarios con discapacidad o dentro del espectro autista que mantengan una condición de dependencia económica o autonomía limitada.
Migración y protección laboral
La incorporación de los trabajadores extranjeros al sistema también formó parte de las discusiones sobre cobertura e informalidad.
Elías Báez sostuvo que los extranjeros regularizados que cuenten con contratos de trabajo deben tener acceso a los derechos laborales y de Seguridad Social que les correspondan conforme a la legislación. Asimismo, reclamó una mayor fiscalización de los empleadores para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones.
Francisco Tavárez coincidió en la necesidad de establecer reglas claras y llamó a despolitizar el debate sobre la migración haitiana. Consideró que los empleadores de sectores como turismo, zonas francas e industria que contraten trabajadores extranjeros deben formalizar esas relaciones laborales y realizar las cotizaciones correspondientes, al igual que ocurre con los trabajadores dominicanos.
Leymi Lora agregó otro componente al debate al señalar que la atención médica de emergencia no debe ser negada por la condición migratoria o la falta de documentación de una persona.
Las posiciones expuestas durante el segundo episodio evidenciaron diferencias sobre los mecanismos para transformar la Seguridad Social, pero dejaron un desafío común: reducir la distancia entre los derechos reconocidos por la Ley 87-01 y la protección que reciben los ciudadanos en la práctica, procurando que el sistema responda efectivamente frente a la enfermedad, la vejez, la discapacidad y los riesgos laborales.
Sobre RD Debate 2026
El segundo episodio de “RD Debate 2026” fue organizado por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), bajo la conducción de los moderadores Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova, y contó con Felipe Vallejo como invitado especial. El encuentro se desarrolló desde los estudios de Radio Televisión Dominicana (RTVD).
La jornada fue transmitida en vivo a través de una amplia cadena de medios de comunicación, entre ellos RTVD, El Nuevo Diario TV, la Z101, Quisqueya FM 96.1, Dominicana FM, Canal 6, Cachicha, Canal América, De Último Minuto, RC Noticias, Fidelity 94.1, Azúcar 89.1 FM y Vegateve Canal 12 La Vega, además de decenas de medios y plataformas aliadas, ampliando el alcance nacional de las propuestas, diferencias y posiciones presentadas sobre el presente y futuro de la Seguridad Social dominicana.