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SANTO DOMINGO. – Las compañías de cobranza agrupadas en la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) asumirán nuevas reglas para la gestión de cobros compulsivos y judiciales, tras la firma de un acuerdo con el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), orientado a fortalecer el respeto a los derechos de los consumidores y el cumplimiento de la normativa vigente.
El convenio establece una serie de compromisos dirigidos a promover una cultura de cobranza más humanizada, transparente y apegada a la ley. Entre ellos, las empresas agrupadas en COB-RD se comprometieron a no realizar gestiones de cobro contra personas que no tengan ninguna responsabilidad sobre la deuda reclamada, evitando así afectar a terceros ajenos a las obligaciones financieras.
Durante la firma del acuerdo, celebrada en la sede de Pro Consumidor, el director ejecutivo de la entidad, Eddy Alcántara, explicó que la iniciativa busca establecer reglas claras para las gestiones de cobro y garantizar que estas se desarrollen dentro de los parámetros legales.
«El propósito es erradicar de manera definitiva las prácticas que han generado molestias y reclamaciones entre los consumidores y avanzar hacia un modelo de cobranza que permita hacer valer los derechos de los acreedores sin vulnerar los derechos de quienes son objeto de las gestiones de cobro ni involucrar a terceros ajenos a las obligaciones financieras», expresó Alcántara.
Asimismo, el funcionario destacó que las empresas de cobranza deberán actuar respetando las leyes dominicanas, preservando en todo momento la integridad y la dignidad de las personas deudoras, sin exceder las facultades que les otorga la legislación.
Como parte de los compromisos asumidos, las oficinas de intermediación financiera acordaron que los embargos retentivos deberán ejecutarse conforme a los procedimientos establecidos por la normativa nacional. Además, el convenio fija como estándar que el número de embargos practicados en un mismo acto, respecto de una misma medida, no exceda las diez personas deudoras.
No obstante, Pro Consumidor dejó constancia de su preferencia institucional para que los embargos retentivos sean tramitados de manera individual por cada persona deudora, con el objetivo de fortalecer las garantías procesales y reducir el impacto sobre terceros.
La entidad también exhortó a los actores del sector a implementar de forma progresiva este criterio dentro de sus políticas internas, mientras que COB-RD informó que analizará técnica y jurídicamente su eventual aplicación, siempre dentro del marco de la legislación vigente.
El acuerdo contempla, además, la elaboración de guías de buenas prácticas, protocolos y lineamientos de conducta para promover una gestión de cobros responsable, los cuales podrán ser adoptados voluntariamente por entidades de intermediación financiera, empresas de cobranza, compradores de cartera, despachos legales y otras organizaciones vinculadas al sector crediticio.
De igual manera, ambas instituciones desarrollarán programas de capacitación dirigidos al personal encargado de las gestiones de cobro y de atención al cliente, así como iniciativas de innovación tecnológica que faciliten la gestión ordenada de los casos, el seguimiento de las buenas prácticas y la detección temprana de conductas inadecuadas.
El convenio también prevé la realización de campañas conjuntas de educación y sensibilización dirigidas tanto a consumidores como a proveedores de servicios financieros, con el propósito de fomentar una cultura de pago responsable y promover mecanismos de cobranza respetuosos de los derechos de todas las partes.
En materia tecnológica, las partes acordaron que el uso de mensajería instantánea, correos electrónicos, llamadas automatizadas, herramientas de inteligencia artificial y otros medios digitales deberá ajustarse a la normativa vigente sobre protección al consumidor y a las disposiciones emitidas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
Asimismo, el documento establece que, cuando sea posible, deberán habilitarse canales de diálogo que permitan a los deudores explicar su situación, presentar propuestas de pago y recibir información clara sobre las alternativas disponibles para cumplir con sus obligaciones.
Para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, Pro Consumidor y COB-RD crearán una Mesa Técnica integrada por representantes de ambas instituciones. Este órgano tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a la implementación del acuerdo, proponer actualizaciones, definir nuevas líneas de acción e identificar y difundir buenas prácticas que fortalezcan el sistema de crédito y cobranza en el país.
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