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SANTO DOMINGO.– Contratistas de obras del Estado podrían recurrir a acciones de amparo ante presuntas violaciones a sus derechos fundamentales por parte de funcionarios públicos, según advirtió el ingeniero Teodoro Tejada, expresidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Tejada explicó que los contratistas afectados tendrían la facultad de acudir ante los tribunales cuando entiendan que se les ha vulnerado el derecho a la igualdad, especialmente en procesos relacionados con contratos de obras estatales y reajustes económicos contemplados en la ley.
“El contratista de obra estatal, cuya obra haya experimentado un aumento superior al 25 % del monto del contrato original, siempre que se mantenga el objeto del contrato y existan circunstancias imprevisibles al inicio del proceso, tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato”, expresó el profesional de la ingeniería y experto en Derecho Constitucional y Derecho Público.
Señalan posibles violaciones constitucionales
El exdirigente gremial sostuvo que algunos funcionarios estarían realizando interpretaciones inadecuadas de los artículos 3 y 7 de la Ley núm. 83-24, la cual modifica varios artículos de la Ley núm. 118-21, promulgada el 17 de diciembre de 2024.
Indicó que dichas actuaciones podrían afectar derechos fundamentales establecidos en el artículo 39 de la Constitución dominicana, referente al derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Tejada recordó además que la Constitución de 2010 establece en su artículo 6 el principio de supremacía constitucional, el cual obliga tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos a actuar conforme a la Carta Magna.
Piden vigilancia del Gobierno
El ingeniero hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que supervise las actuaciones de ministros, directores generales y demás funcionarios vinculados a la ejecución de obras estatales.
Afirmó que los contratistas solo buscan que se respeten sus derechos y se garantice igualdad de oportunidades dentro de los procesos de contratación pública.
“La Constitución de la República es clara en lo referente a la igualdad de oportunidades, y eso es precisamente lo que los contratistas queremos: que a todos se nos respeten nuestros derechos”, concluyó Tejada.