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SANTO DOMINGO.- El proyecto de ley que procura cerrar el paso al dinero ilícito en la política ha generado este jueves posiciones encontradas entre legisladores oficialistas y de oposición dentro del Congreso Nacional.
Mientras algunos congresistas valoraron positivamente la iniciativa, argumentando que la misma contribuirá a fortalecer la transparencia y la institucionalidad democrática, otros calificaron la propuesta como una “falacia” que, a su juicio pretende distraer la atención de la población frente a los problemas internos que enfrenta el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El presidente del Senado, Ricardo De los Santos, expresó su respaldo a la pieza legislativa asegurando que esta busca establecer mecanismos más estrictos para evitar que recursos provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de activos o el crimen organizado, se infiltren en el financiamiento de los partidos y en los procesos electorales.
Asimismo, subrayó que la normativa representa un paso importante para garantizar mayor transparencia en el sistema político y reforzar los controles sobre el origen de los fondos utilizados en la actividad partidaria.
De su lado, el diputado Eugenio Cedeño, destacó que esta propuesta es factible todos los esfuerzos que se hagan para proteger el sistema, pero agregó que la misma se puede fortalecer aún más si le limita la cantidad de recursos que invierten los candidatos en los procesos de campañas que lo establece un proyecto que reposa en la Cámara de Diputados y que es de su autoría.
«La propuesta de Paliza y del PRM es buena, pero yo propongo blindarla con la propuesta que tenemos nosotros que está durmiendo en esta Cámara de Diputados, que limita la cantidad de publicidad que un candidato puede utilizar en una provincia, la cantidad de publicidad radial y televisiva, eso sí es efectivo y con garras para que la Junta pueda cancelar la candidatura de un candidato que viola esos parámetros», puntualizó.
Sin embargo, representantes de la oposición cuestionaron las verdaderas intenciones del proyecto, alegando que se trata de una estrategia política del oficialismo para desviar la atención pública de situaciones que, según afirmaron, afectan al PRM.
«Eso es una cortina de humo para distraer los problemas reales que existen a lo interno de su partido y que ya hemos venido viendo que no son capaces de argumentar una herramienta porque ya Ley establece los controles correspondientes, lo que ha faltado es aplicarla», declaró el diputado del partido Fuerza del Pueblo, José David Báez.
El también diputado del partido verde Tobías Crespo, manifestó que para poder cerrarle las puertas de la política a aquellas personas vinculadas a actividades ilícitas, los partidos tienen que asumir su responsabilidad al igual que la Junta Central Electoral (JCE).
El proyecto continuará su curso en el Congreso Nacional y será estudiado por una comisión de en el Senado, cuyos miembros serán anunciados la próxima semana.
Novedades del proyecto
Uno de los elementos novedosos del proyecto es la implementación de programas de cumplimiento normativo (compliance partidario) dentro de las organizaciones políticas que estarán dirigidos a prevenir prácticas como el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras partidarias y en los procesos de selección de candidaturas.
Asimismo, introduce procedimientos obligatorios de debida diligencia para verificar el origen de los fondos que reciben los partidos políticos. Con estos mecanismos se busca garantizar la trazabilidad de los aportes, permitiendo identificar claramente a los donantes y evitando que recursos provenientes de actividades ilícitas ingresen al sistema político.
También establece nuevos requisitos para aspirantes a cargos de elección popular con mayores exigencias de integridad que incluyen:
Certificación de antecedentes penales, declaración jurada de patrimonio, pruebas antidopaje, autorización para que las autoridades partidarias verifiquen la información suministrada.
El proyecto también contempla fortalecer las facultades de supervisión de la JCE sobre el financiamiento de los partidos políticos.
Esto permitiría un mayor control sobre el uso de los recursos económicos en las actividades políticas y electorales.
Régimen de sanciones
Asimismo, la iniciativa establece un régimen de consecuencias y sanciones para los partidos, dirigentes o aspirantes que incumplan las normas de transparencia y control del financiamiento político.
Las disposiciones buscan garantizar el cumplimiento de los nuevos mecanismos de control y prevenir irregularidades en la gestión de los recursos.
ADDP/