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SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) dio a conocer la información de que a pesar de la vinculación de la presidenta de Serviamed Dominicana S.R.L., María Isabel Terán de Bonetti, en el caso Medusa, la empresa mantiene activo el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
De acuerdo con la institución, “no se puede inhabilitar empresas que no sean parte directa de imputaciones y sobre las cuales no se hayan establecido sanciones de la cosa irrevocablemente juzgada; dicha empresa no fue parte de la acusación del Ministerio Público”.
La empresaria Terán Bonetti, vinculada al pago de sobornos y actos de corrupción que se imputan en el caso Medusa, figura desde el 2 de julio del 2022, cuando se presentara la acusación, a siete meses de la firma de los contratos con el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).
Según lo publicado por el portal Diario Libre, los contratos se derivan de una licitación pública realizada por el Mived a finales de 2021, por un monto superior a los 6,000 millones de pesos para la adquisición de instalación de equipos y mobiliarios médicos, lavandería y cocina para equipar varios hospitales.
Entre esos contratos, hay uno por un monto de 674.9 millones de pesos, fue suscrito el 24 de noviembre de 2021, para la instalación de equipos médicos y mobiliarios en el hospital docente Padre Billini.
Además, en el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que, además del monto del contrato, a la empresa representada por Terán de Bonetti le pagaron unos 33.1 millones de pesos como compensación por variación en la tasa de cambio, lo que llevó el monto que recibió a más de 365 millones de pesos y le adjudica la adquisición de equipos sanitarios anti vandálicos.
“De forma total, fue pagado por la Procuraduría General de la República la cantidad de RD$365,463,491.79 a favor de Serviamed Dominicana, S.R.L., de los cuales fue entregada la cantidad de RD$84,224,318.32 en soborno al entramado de corrupción, a través de Enrique Ernesto Bonetti Galván, quien luego le hacía entrega a Jean Alain Rodríguez Sánchez y tomaba una parte para sí”, detalla la acusación.
Las partes llegaron a un acuerdo en febrero de 2023, en el que el Estado renuncia a la querella, y Serviamed le paga 84,903,951 pesos y declaran que el pago “no implica en modo alguno, ni tampoco puede ser interpretado, como reconocimiento o admisión de responsabilidad por los hechos alegados por el Estado dominicano”.
Aunque la empresa no fue acusada por el Ministerio Público, sí fue parte de una querella en constitución en parte civil que hizo el Estado dominicano en el caso Medusa, mediante el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público.