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El proyecto de ley, recién salido del Senado de la República, ha generado suspicacias en algunos sectores de la vida nacional. Y no es para menos. Con los recelos que aún causa en la sensibilidad dominicana la herencia del “Caliesaje” y el “Chivateo” del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la época de la dictadura, con fama de utilizar sus recursos y capacidades para recabar informaciones que sirvieran para el control político de la población, como parte de la estructura represiva del régimen, que vulneraba derechos, espiaba y perseguía a los opositores.
Este SIM de triste recordación, fue disuelto por el gobierno de Joaquín Balaguer en 1962, para establecer una Dirección General de Seguridad (DGS), que a penas duró dos años, porque en marzo de 1964, el Triunvirato creó mediante la ley 196 el actual Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), adscrito a la Presidencia de la República, hasta 1978, cuando el Doctor Balaguer, justo antes de entregar el mando al presidente Antonio Guzmán, promulgó la ley 857 (todavía vigente) y colocó al DNI bajo la dependencia de las Fuerzas Armadas, hasta el día de hoy.
Pero la actividad de inteligencia en el Estado dominicano, es incluso anterior, inicia con su génesis misma en el grito de independencia. El problema, en mi opinión, radica en el hecho de que desde siempre, sus procesos fueron desarrollándose rudimentariamente o “a la buena de Dios” y que desde sus inicios, los aciertos y desaciertos en las actividades del DNI han sido un reflejo de la realidad la misma sociedad dominicana, con sus proezas y vicisitudes. ¡Y qué bueno que las cosas han ido cambiando para bien! Hacia un servicio de inteligencia despolitizado, técnico y cada vez más profesionalizado.
El proyecto de Ley que regulará la (nueva) Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), sustituyendo al actual Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) ya fue aprobado en el Senado y el pasado 10 de febrero de 2023 llegó a la Cámara de Diputados, para su discusión en los próximos días. Esta iniciativa propone la reconfiguración del Sistema Nacional de Inteligencia de forma tal que le permita al Estado dominicano ser capaz de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional, dando cumplimiento al mandato constitucional del artículo 261, que trece años después seguimos sin atender.
Desde la década de los 80, en las Américas, (salvo el caso de Bolivia) prácticamente todos los países han actualizado su legislación [menos los dominicanos, claro], trasladando notablemente la responsabilidad de la inteligencia estratégica del Estado de las manos militares y policiales hacia un sistema o comunidad de inteligencia con una variedad de entidades, compuesto mayoritariamente por civiles. Además, ahora la sociedad está más empoderada y exige una adecuada gestión de los recursos destinados a la función de inteligencia, de forma oportuna y confiable, que salvaguarde los derechos de la ciudadanía y la privacidad de las personas, mientras garantice la seguridad nacional, la estabilidad del sistema financiero, la soberanía y proteja la democracia.
Esta nueva sociedad no solo exige, también se involucra en la búsqueda de soluciones. Tal es el caso de los gremios que agrupan al sector financiero nacional, que presentaron sus aportes, observaciones y propuestas, para que este proyecto de ley pueda cumplir con su finalidad de fortalecer la seguridad nacional, sin afectar el secreto bancario y el derecho constitucional a la protección de datos personales. Y qué bueno que las comisiones de la Cámara de Diputados han prestado atención y ya existe consenso con el Artículo 11, para que el acceso a la información bancaria sea sólo vía la Superintendencia de Bancos. Con la incorporación de este aspecto en la ley se elimina cualquier riesgo que pudiese devenir de un eventual acceso indiscriminado a la información de las Entidades de Intermediación Financiera y evitar la afectación de la confianza sobre la que se fundamenta la estabilidad del sistema financiero dominicano.
El paradigma de la inteligencia cambió después del 911
Hasta el momento, el modelo de organización de la inteligencia dominicana tiene una marcada influencia latinoamericana, de los esquemas de gestión de la información diseñados durante la guerra fría, que fueron inspiradas por los conceptos de defensa y seguridad vigentes en época. En este modelo todavía persiste, en la mayoría de los casos, la amplitud y concentración de facultades, uso discrecional de los recursos, poca colaboración entre instituciones, advirtiéndose poca eficacia en los controles y en diversos países su empleo en la política coyuntural, además, de los problemas de superposiciones y confusión entre las actividades de inteligencia y seguridad pública.
El proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) corrige esas falencias y toma como referencia modelos más horizontales y eficientes como los de Estados Unidos y Canadá, para establecer un sistema integral para la seguridad nacional, conformado por los organismos del Estado que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Agregando elementos novedosos como: la Contraloría, para la fiscalización de la gestión interna; la Inspectoría, como ente vigilante de la protección de los derechos humanos; La Escuela de Inteligencia, para el desarrollo de la carrera de inteligencia y el Plan Anual de Inteligencia, para definir los objetivos de inteligencia a priorizar, por ejemplo: Narcotráfico, lavado de activos, migración, trata de personas, entre otros.
Como muestra de esto, en el artículo 3, el Sistema Nacional de Inteligencia ha sido definido como el conjunto de relaciones funcionales, entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, con la finalidad de proveer inteligencia estratégica para la seguridad nacional. Este sistema, que es dependencia directa del Presidente de la República, será coordinado por el Director Nacional de Inteligencia e integrado además, por las unidades militares de inteligencia [J2, M2, G2 y A2], cuando estén desarrollando actividades de inteligencia para la seguridad nacional; la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DINTEL); el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); la Unidad de Análisis Financiero (UAF); y cualquier otro organismo del Estado que, por la información que manejen o por sus capacidades técnicas, pueda contribuir con el Sistema Nacional de Inteligencia.
Los servicios de seguridad e inteligencia prestan un servicio valioso, indispensable para proteger la seguridad nacional y el libre orden del Estado democrático. Que por su naturaleza requieren un trabajo en clandestinidad y en secreto, que pudiera entrar conflicto con los principios de la sociedad abierta, por lo tanto, supervisarlos desde el poder político en democracia es fundamental. Pero para eso se necesita disponer de un marco legal actualizado, que incluya mecanismos de rendición de cuentas y control civil. Este proyecto de Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque siempre será perfectible, en sentido general, es un buen proyecto y su pronta aprobación debe ser considerada de Alta Prioridad para todos los sectores de la vida nacional.
Por Carolina Ramírez H. | @MujerSeguridad
La autora es especialista en seguridad internacional / seguridad nacional