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¿Hay en el país una sobredosis de prisión preventiva? Hablan los números

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- ¿Hay en el país una sobredosis de prisión preventiva? ¿Abusa el sistema judicial de la prisión preventiva contra los acusados? ¿Por cualquier imputación la solicitan y la imponen? ¿Cuáles son las acusaciones más sancionadas con cárcel preventiva?

El debate está vivo en estos días, luego de que Miriam Germán Brito, cabeza del Ministerio Público, pidiera sensibilidad a los fiscales que intervienen en los casos. Su llamado apeló a la parte humana diciendo que los fiscales, más que acusadores deberían ser conciliadores judiciales.

Doña Miriam entiende que no se debe abusar de la prisión preventiva: hay que buscarle la vuelta a cada caso.

Los números son elocuentes. El sistema penitenciario dominicano tiene 26,644 internos, de los cuales, 15,792 son presos preventivos. Esto equivale al 59.3 %, una cifra elevada considerando que muchos presos preventivos terminan absueltos y descargados, tras ‘chuparse’ un largo tiempo encerrados.

Además son siete las medidas de coerción estipuladas en el Código Procesal Penal. Esas medidas son estas: la citación, el arresto, la prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida del país o de la localidad, someterse al cuidado o vigilancia de personas o instituciones, presentación periódica ante el juez o autoridad, y arresto domiciliario.

Las estadísticas de los últimos años alimentan y encienden el debate. Según Diario Libre, en 2020 se impusieron 26,126 medidas de coerción; 9,884 de ellas, equivalentes al 37.8 %, fueron encarcelamiento. Las cinco acusaciones más sancionadas con privación de libertad fueron estas:

Robo y tentativa de robo, 2,533 prisión preventiva

Violencia doméstica: 2,392

Casos de drogas: 1,983

Homicidios y afines: 1,007

Golpes y heridas: 457

En 1,373 casos de robo o tentativas de robo se dictó garantía económica; por violencia intrafamiliar, 1,707. En casos de drogas la garantía económica fue mucho mayor: 3,242.

Esa misma medida, la fianza, también benefició a 193 involucrados en homicidios y afines, y a 544 implicados en golpes y heridas.

20,937 medidas de coerción fueron dictadas en 2021. El 38.3 % de esas coerciones (8,015 dictámenes) fue prisión preventiva. Estos datos excluyen los casos de San Cristóbal, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata y San Juan.

En 2,218 casos de robo o tentativa se dictó cárcel preventiva; en 2,013 de violencia intrafamiliar; en 1,158 de drogas; en 850 de homicidios y afines; y en 332 de golpes y heridas.

Otra vez se disparó la garantía económica en casos de drogas: 1,751. La fianza se impuso a 1,175 acusados de robo o tentativa, a 1,480 implicados en violencia doméstica, a 172 en homicidios y afines, y a 384 en golpes y heridas.

En 1,175 casos llegó la garantía económica; en 1,480 de violencia doméstica; en 1,751 de drogas; en 172 de homicidios o afines; y en 384 golpes y heridas.

Además, a 496 involucrados en robo o tentativa se les impuso presentación periódica; a 830 acusados de violencia intrafamiliar; a 410 involucrados en asuntos de drogas; a 42 implicados en homicidios y afines; y a 170 en golpes y heridas.

En la mayoría de los casos daría la impresión de que los fiscales solo piensan en la prisión preventiva, cuando hay otras medidas menos gravosas e igualmente efectivas, para asegurar la comparecencia del acusado.

Como exjueza y como procuradora general de la República, doña Miriam está pidiendo mayor sensibilidad a los fiscales. Hay medidas tan efectivas como la prisión preventiva. ¿Por qué no echar manos de las otras medidas de coerción?-

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