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Ángel Lockward demanda a miembros Antifraude elaboraron informe lo señala de estafa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Ángel Lockward interpuso este miércoles una demanda contra los miembros de la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República, quienes elaboraron un informe con el cual está siendo investigado por el Ministerio Público junto a una lista de 209 personas que encabeza Donald Guerrero.

La demanda fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), jurisdicción competente para conocer el caso, debido que dicho informe le ha afectado para que el Ministerio de Hacienda concluya con el desembolso de dinero a sus clientes por el trabajo de expropiación y ventas de terrenos del Estado.

La audiencia fue aplazada para el próximo nueve de noviembre a los fines de que las partes sean notificadas en cinco días hábiles, además, el tribunal puso en causa al Ministerio de Hacienda, para que comparezca.

Osiris Disla, representante legal de los miembros de Antifraude, explicó que la instancia que sometió Lockward procura recuperar un dinero que no le han pagado, alegando que el pago no se ha generado supuestamente por el informe.

El togado que representa a los empleados de la Contraloría, Juan Miguel Flaquer, Gersy Mateo Medina y César Juan Alberto Thomas, aseguró que esas personas solo hicieron su trabajo.

“Ésta demanda en responsabilidad patrimonial que ha interpuesto Ángel Lockward está solicitando en contra de los miembros de la unidad antifraude una serie de sanciones, procurando conseguir dinero a través de ellos, porque ellos realizaron un informe y desde ese momento no han podido estar tranquilos porque éste congeló todos los bienes en los bancos y se los embargó”, manifestó Disla.

De acuerdo a las declaraciones, precisó que levantó el embargo en contra de sus representados, sosteniendo que estas personas hicieron un informe dentro de lo que le corresponde y ni siquiera conocen al señalado en el caso de estafa en perjuicio al Estado dominicano.

En ese sentido, sostuvo que “desde el punto de vista penal eso podría considerarse una especie de chantaje y extorsión”.

De su lado, su compañero Juan Cuevas, expresó que esto se trata de una pretensión económica, instando a los representantes legales del demandante que digan en los momentos que el Estado no le ha desembolsado porque entienden que el fundamento del Estado para no desembolsarlo es la exigencia de ese informe.

“Es bueno que ustedes y el país tengan claro que ese informe no es más que una investigación tratando de esclarecer los procedimientos llevados a cabo hasta unos desembolsos importantes que en un muy corto tiempo realizó el Estado y esa labor le fue confiada a ese equipo de técnicos que han sido ahora accionados”, declaró Cuevas.

Consideró que esta acción ha sido injusta, señalando que estos son empleados que tienen la obligación de realizar un trabajo, una investigación, “y ese informe se ha filtrado antes de que se convierta en un documento oficial, siendo solamente un documento interno de la Contraloría, y a partir de ese momento comienza una acción en contra de esos técnicos”.

Mientras que el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que la Contraloría ha hecho una intervención forzosa para que el Ministerio Público se presentara en la audiencia, por la demanda interpuesta por Lockward.

“La demanda tiene que ver con un elemento que pone en evidencia en un proceso penal que estamos desarrollando, pero por el momento no podemos ofrecer detalles para no entorpecer la investigación”, indicó Camacho en las afueras del tribunal.

Dijo, que la Contraloría lo que ha hecho es cumplir con sus funciones conforme a la ley, indicando que mientras el proceso avance, todo será esclarecido.

Una fuente cercana, indicó que el abogado y economista está pidiendo que sean devueltos 400 millones de pesos.

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