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Ortega cierra ONG dirigió hijastra y otras 95 asociaciones

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 96 ONG locales, incluida la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo -hijastra del presidente del país, Daniel Ortega y a quien denunció en 1998 de abusos sexuales-, por no registrarse como "agentes extranjeros".

Este miércoles, el Ejecutivo también instruyó a la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por los sandinistas, para ilegalizar al Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal del país.

Además, a la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep, que antes de la crisis que estalló en abril de 2018 mantuvo un diálogo de consenso con Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.

La cartera de Gobernación también pidió al Parlamento disolver y cancelar la personalidad jurídica a la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, y la Fundación Esquipulas, entre otras.

Por no registrarse como "agentes extranjeros"

En un informe, ese Ministerio argumentó que esas ONG han incumplido por no inscribirse "en el registro de Agentes Extranjeros, siendo estos sujetos obligados, de conformidad a la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros", aprobada por los sandinistas tras las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018.

Además, según Gobernación, esas ONG han violentado la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, en vigor desde el 6 de mayo pasado; así como la Ley Contra el Lavado de Activos.

Con esas nuevas 96 asociaciones, cuya iniciativa fue enviada al Parlamento con carácter urgente, se elevarían a 179 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) disueltas en los últimos tres días, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua.

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 344 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara la revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.

El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.

Ortega autorizó ONG de su hijastra

En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica al CEI, de la que Zoilamérica Ortega Murillo, la hijastra de Ortega e hija de su esposa, la vicemandataria Rosario Murillo, fue vicepresidenta y directora ejecutiva.

La hijastra de Ortega, quien en agosto de 1998 acusó al mandatario de haberla violado de forma constante desde que tenía 9 años, caso que fue archivado en 2001 por la justicia aduciendo que había prescrito, huyó al exilio en Costa Rica tras considerarse perseguida por el Estado nicaragüense.

El CEI fue creado un 9 de marzo de 1990 durante el período de transición del primer régimen sandinista (1979-1990), ante los oficios notariales de Luis Ezequiel Alvarado Ramírez, que fue embajador de Nicaragua ante la OEA hasta el 27 de octubre del año pasado.

El 24 de marzo de 1990, el Parlamento, controlado entonces por los sandinistas, aprobó el decreto que le otorgó la personalidad jurídica al CEI, 31 días antes de que Ortega entregara el poder a la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Esa fundación comenzó a operar legalmente el 3 de abril de 1990 luego de que el actual mandatario publicara el decreto en el Diario Oficial La Gaceta.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.  

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